El nuevo regenerador

El Presidente venezolano Hugo Chávez se presenta frecuentemente como la encarnación del libertador Simón Bolívar, como el continuador de su obra, de sus sueños de libertad y grandeza. A menor escala, sin alcanzar los extremos delirantes del mandatario venezolano, el Presidente argentino Néstor Kirchner ha querido presentarse como el sucesor de Perón, como el heredero de una figura única, una luz duradera en medio de una historia de sombras. Como lo ha dicho, por ejemplo, Antonio Caballero, el Presidente colombiano Álvaro Uribe quiere mostrarse como una versión moderna de Rafael Núñez, el regenerador. “Una democracia moderna –dijo el Presidente Uribe en 2005– necesita seguridad con alcance democrático, por la que luchó Núñez... necesita cohesión social, la que él avizoraba a través de sus tesis económicas”.

En particular, el Presidente Uribe parece identificarse con la figura de Rafael Nuñez creada por el historiador, canciller y político liberal Indalecio Liévano Aguirre. En una biografía publicada en 1944, Liévano describe a Núñez como un héroe incomprendido, víctima de un grupo de ideólogos superficiales, de una camarilla de opositores intransigentes: “el fruto de la insensatez de unos colocado al servicio de la perversidad de otros”. Para Liévano, Núñez fue la autoridad en medio del caos. El pragmatismo conciliador en medio de la cerrazón ideológica. Una fuerza centrípeta, centralizadora en medio del desgarramiento del federalismo. Un visionario capaz de entender, en una coyuntura histórica definitiva, la importancia de “gobiernos vigorosos, identificados con las mayorías populares”.

Las coincidencias entre la biografía de Liévano y el discurso oficial no dejan dudas sobre la influencia del héroe trágico creado por el ex canciller liberal en el Gobierno del Presidente Uribe. En la primera parte, refiriéndose a las primeras ocupaciones burocráticas de Núñez, Liévano afirma, como dice ahora un asesor presidencial, que “los graves problemas del país requerían la atención de una inteligencia superior”. Más adelante, Liévano describe las tribulaciones de “un hombre genial salido de las filas del liberalismo” que se vio obligado “a abandonar las sendas de la política normal” para hacer “lo que la opinión pedía a gritos y la salvación del país demandaba imperativamente”. En la fábula de Liévano, el héroe incomprendido venció todos obstáculos y triunfó ante el pueblo y ante la historia.

El Presidente Uribe ha manifestado públicamente su admiración por la biografía de Rafael Nuñez de Indalecio Liévano. La ha leído y recomendado. Hay allí una justificación casi perfecta a su empecinamiento, a su tendencia a justificar medios dudosos en la búsqueda de fines superiores. En la segunda parte, Liévano cita una interesante reflexión postrera de Rafael Nuñez: “Una vez consumada la obra, la generalidad del país, que no pertenece con frecuencia a los partidos, la aplaude y la apoya decididamente, absuelve las ilegalidades cometidas para realizarla, glorifica al autor…y se recela de los oponentes por más que los oiga invocar los más elevados principios como causa de su resistencia”.

Pocas veces un libro, una biografía en este caso, ha tenido tanta influencia en las palabras y en las obras de un gobierno. Aparentemente el Presidente Uribe encontró en el Núñez de Liévano no sólo un modelo, sino también una justificación para sus ambiciones de poder y sus constantes desafueros.

Un periodista militante

Hace un mes encontré, en una librería bogotana, una copia de un libro casi desconocido de Gabriel García Márquez. Periodismo militante fue publicado en noviembre de 1978 por la imprenta 3 Esquinas. El libro recopila los artículos políticos de García Márquez escritos durante la primera mitad de los años setenta, su época más abiertamente militante. El libro incluye el artículo “Cuba: de cabo a rabo”, publicado en 1975 en la revista Alternativa, y que ha vuelto a ponerse de moda a raíz del ya célebre artículo de Enrique Krauze sobre la vida pública del escritor colombiano.

Krauze citó en extenso algunas de las licencias propagandistas del novelista transmutado en periodista militante. Pero no sobra citar nuevamente algunos de los fragmentos más delirantes.

La cruda verdad, señores y señoras, es que en la Cuba de hoy no hay un solo desempleado, ni un niño sin escuela…ni represión policial, ni discriminación de ninguna índole por ningún motivo, ni hay nadie que no tenga la posibilidad de entrar donde entran todos…

En los campamentos de vacaciones de Varadero, los niños de Cuba disponen de equipos de diversión como no los conocen muchos hijos de millonarios gringos…Los mejores restaurantes de Cuba, que son tan buenos como los mejores de cualquier país europeo, son las escuela de gastronomía…La proliferación de escuelas es tan desaforada que uno se pregunta en serio si siempre habrá en Cuba tantos niños para tantas escuelas…También el socialismo tiene derecho al lujo, y están dispuestos a conquistarlo. En 1980, dentro de cinco años, Cuba será el primer país desarrollado de América Latina.

Todos los grandes hechos de la revolución…todos están consignados para siempre, con una técnica de reportero sabio en los discursos de Fidel Castro. Gracias a esos inmensos reportajes hablados, el pueblo cubano es uno de los mejores informados el mundo sobre la realidad propia, y mediante un canal más directo, profundo y honrado que el de los periódicos tramposos del capitalismo.

Periodismo militante está lleno de afirmaciones similares, narradas “con tanta solemnidad como solo somos capaces los colombianos”. Los escritos políticos de García Márquez son más una curiosidad biográfica que literaria. Muestran más las lealtades del hombre que las ideas del escritor. El afán propagandístico prima sobre todo lo demás. Todos los artículos están escritos con la solemnidad del creyente, con la pasión casi ingenua del evangelista.

Pero hay algunas excepciones notables. En contadas ocasiones el periodista militante parece dejar de lado su obsesión publicitaria, su deseo manifiesto de que sus amigos mamertos lo quieran más y se atreve a escribir o a decir lo que piensa. En una entrevista publicada por la Revista Nacional de Cultura de Venezuela García Márquez dijo lo siguiente sobre Cien años de soledad:

Yo creo que el sentido más profundo de "Cien años de soledad" no es la desconfianza en el cambio, sino el planteamiento realista de que ese cambio no será tan inmediato, ni tan fácil, ni tan lírico como los predican [los revolucionarios] sin creerlo, y a veces creyéndolo algunos místicos de la revolución que no saben donde están parados.

En otra para de la misma entrevista García Márquez dijo lo siguiente sobre la izquierda exquisita europea:

Por lo pronto ayúdennos a que la revolución latinoamericana acabe de pasar de moda en Europa. Yo recuerdo sin ningún sentido del humor a las modelos italianas vestidas con el uniforme verde olivo en los bares de la Vía Veneto… Los análisis apologéticos, desarraigados y petulantes de algunos ensayistas europeos han sembrado más confusión que las tentativas del imperialismo…a ellos les debemos además algunos muertos inútiles.

El periodista militante cuestiona, en un raro instante de escepticismo, las ansias revolucionarias de propios y extraños. Al final de su artículo, de su vehemente denuncia, Krauze cita una frase de Orwell: “cualquier escritor que adopta un punto de vista totalitario, que consiente la falsificación de la realidad…se destruye a sí mismo”. García Márquez no se destruyó como novelista. Tampoco como reportero. Pero el periodista militante sí anuló al ensayista. Del pensamiento de García Márquez sólo quedan destellos, fragmentos dispersos en medio de la propaganda, de una militancia deliberada que anuló para siempre al intelectual público, al comentarista honesto de la realidad nacional y mundial.

Sobre la desigualdad

Ya es un lugar común decir que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Consuetudinariamente nuestros editorialistas traen a cuento los índices de desigualdad que muestran la brecha, el abismo dirán algunos, que separa a los ricos de los pobres. En la década anterior, la desigualdad aumentó en toda la región. En los países latinoamericanos, casi sin excepción, los de arriba vieron crecer sus ingresos mientras los de abajo percibieron un estancamiento (o una caída) en los suyos. En esta década, la desigualdad ha disminuido en muchos países, en Brasil, en Chile, en México, entre otros, pero ha seguido creciendo en Colombia. Antes al menos podíamos decir que el mal era generalizado; ahora, tristemente, parece ser exclusivo.

¿Qué explica el crecimiento de la desigualdad? Varios analistas nacionales, imbuidos en la jerga económica del momento, han tratado de liquidar la cuestión con una frase sonora. “El crecimiento de la economía colombiana –dicen– es pro-rico, no pro-pobre”. Pero esta frase, esta explicación encapsulada, explica muy poco, simplemente cambia un interrogante por otro. ¿Por qué –tendríamos que preguntar ahora– el crecimiento en Colombia beneficia más a los ricos que a los pobres?

Esta semana, un investigador de la Universidad Nacional propuso una hipótesis sugestiva. La filosofía del Gobierno –sugirió– parece estar resumida en una palabra: “enriqueceos”. “Hoy tenemos –dijo– un país totalmente codicioso que lleva al índice de concentración del ingreso a niveles de 0,59, los más altos de América Latina”. La denuncia de la codicia está de moda. Ya Benedicto XVI había señalado, con afán reduccionista, con vehemencia papal, que “la codicia es la raíz de todos los vicios y de todos los males del ser humano y de la sociedad, y la responsable de la crisis económica mundial que estamos viviendo”. El moralismo, la indignación magnánima, el señalamiento de los codiciosos sirve, tal vez, para componer buenos sermones. Pero no sirve, ciertamente, para explicar los hechos de la economía.

El crecimiento de la desigualdad tiene muy poco que ver con la codicia de unos pocos o con el enriquecimiento de unos cuantos empresarios o finqueros. La explicación está en otra parte, en el comportamiento del mercado de trabajo, en el fracaso sistemático de las políticas de empleo. En Colombia, los trabajadores sin educación superior, pensemos en un bachiller recién graduado, están casi condenados a la informalidad laboral, al rebusque diario que incluye, en algunos casos, un subsidio estatal. Por el contrario, los trabajadores con educación superior, pensemos en un profesional típico, han visto crecer sus oportunidades laborales, han podido, en muchos casos, acceder a un empleo formal. En suma, el crecimiento de la desigualad es el resultado de la exclusión, cada vez mayor, de los trabajadores no educados del mundo del empleo formal, de los sectores modernos de la economía.

Así las cosas, la disminución de la desigualdad requiere una reorientación radical de la política económica: menos impuestos al trabajo, menos estímulos a la inversión, menos subsidios asistencialistas y probablemente más cupos universitarios. En últimas, la creciente desigualdad es el reflejo de la falta de oportunidades laborales y educativas, no de la codicia de unos cuantos pecadores patrocinados por un Gobierno devoto.

Moción de censura

Antes de 2002, de la llegada (sin salida aparente) del Presidente Uribe, los analistas y comentaristas políticos colombianos, los cronistas de nuestra vida pública, habían desarrollado una afición superficial, un gusto por predecir quienes salían y quienes entraban al gobierno, por adivinar las composiciones de los otrora cambiantes gabinetes. En el pasado las crisis ministeriales eran frecuentes. Los ministros, se decía, eran fusibles. Se quemaban permanentemente como consecuencia de los cortos circuitos de la política, de la necesidad de balancear anualmente una compleja ecuación de alianzas y lealtades. En fin, los ministros eran nombrados y despedidos por cuenta de las exigencias de la política o la politiquería.

La rotación ministerial fomentaba las apuestas, las cábalas de la prensa, la especulación de nuestros politólogos de micrófono. Pero, como tantas otras cosas, la gabinetología también se acabó con Uribe. El sonajero, el catálogo de ministeriables, el inventario maleable de candidatos a jefes de la burocracia, se ha ido extinguiendo paulatinamente por falta de acción, por el ocaso de las crisis ministeriales, por la continuidad del gabinete, una de las innovaciones más interesantes de este gobierno.

La continuidad trajo consigo ventajas evidentes. Le dio coherencia a la toma de decisiones y orden a la administración pública. Pero también ha tenido consecuencias adversas. Ha disminuido la responsabilidad política. Y puede haber contribuido a perpetuar la incompetencia. La continuidad de los buenos ministros es deseable; la de los malos, perversa. En el modelo actual, los buenos y los malos ministros llegan para quedarse. Todos parecen atornillados, como dicen los gabinetólogos de ayer, hoy sin oficio. En los seis gobiernos previos al actual, entre 1978 y 2002, el período promedio de un ministro de agricultura fue de apenas quince meses. En contraste, Andrés Felipe Arias estuvo en su cargo cuatro años y dos días, un registro sólo superado por Francisco José Chaux quien estuvo al frente de la cartera de agricultura por cuatro años y doce días en los años treinta del siglo anterior. El ministro de transporte ha estado al frente de su cartera por un período que ya triplica la duración promedio de todos sus antecesores del siglo XX. Y sigue por supuesto bien atornillado.

En el nuevo escenario de continuidad ministerial, la moción de censura cobra, creo yo, una importancia inusitada. El veto del Congreso puede evitar la odiosa inercia de la incompetencia o la desfachatez. La zanahoria de la continuidad necesita el garrote de la censura. En los Estados Unidos, la aprobación parlamentaria de los nombramientos del ejecutivo es un elemento clave en el equilibrio de poderes. En la Colombia de hoy, en la realidad actual de los ministros eternos, la moción de censura debería jugar un papel similar.

Como escribió recientemente Andrés Mejía Vergnaud, el congreso enfrentará una disyuntiva histórica en los próximos días, en el debate venidero al Ministro de agricultura. Debe escoger entre la independencia y la subordinación. Entre ser un congreso admirable (esto es, sometido) o un congreso admirado. Entre contribuir a la rendición de cuentas o acrecentar la impunidad política. En últimas, el Congreso de Colombia tendrá que decidir si quiere o no asumir un papel protagónico en un debate crucial, casi definitivo para el futuro de nuestra democracia.

Liberalismo y opinión

En 1859, hace 150 años, se publicó por primera vez una de las obras fundamentales del pensamiento liberal, Sobre la libertad, del filósofo inglés John Stuart Mill. El mismo año, en la misma ciudad de Londres, se publicó uno de los libros más importantes de todos los tiempos, El origen de las especies de Charles Darwin. El primer aniversario ha pasado casi desapercibido, ha sido eclipsado por el segundo, por el creciente interés en la figura y en la obra de Charles Darwin. Pero el sesquicentenario de la publicación del manifiesto liberal de Mill amerita un comentario, una reflexión somera sobre la relevancia (y la urgencia) de su mensaje principal.

En esencia, Sobre la libertad es un largo argumento en favor de la tolerancia, de la diversidad de opiniones, creencias y puntos de vista. Al comienzo del segundo capítulo, Mill define el tono general de su argumento: “si toda la especie humana no tuviera más que una opinión y solamente una persona tuviera la opinión contraria, no sería más justo silenciar a esta persona de lo que sería, hipotéticamente, silenciar al resto de la humanidad en nombre de la persona disidente”. Mill pensaba que los obstáculos a la libertad de expresión afectaban a toda la humanidad. No sólo al individuo silenciado, sino a la especie en general. Su defensa de la libertad de expresión se basó no tanto en los derechos del individuo como en el bienestar de la sociedad.

Mill creía en la conveniencia de las ideas falsas, de las mentiras deliberadas, de los argumentos obcecados o malintencionados. En su opinión, todo el mundo se beneficia de la confrontación permanente entre la verdad y el error: incluso la razón puede nutrirse positivamente de la sinrazón. Sin los creacionistas, la elocuencia de los evolucionistas, de los herederos de Darwin, sería menor. Sin los “negacionistas” del cambio climático, los verdaderos científicos serían menos recursivos y aplicados. Sin los románticos de la izquierda y la derecha, la ironía liberal sería menos sofisticada. En últimas, Mill consideraba que no había que temerles a las opiniones falsas y malintencionadas. Todo lo contrario, había que promoverlas o al menos tolerarlas sin ambages.

En últimas, Mill basaba su defensa de la tolerancia en sus temores, en su enorme desconfianza sobre los dictados de la opinión pública. Mill pensaba que el error cundía por todas partes, que la falsedad no era la excepción sino la regla y que las opiniones mayoritarias estaban, en ocasiones, hechas de prejuicios. Creía, en últimas, que la libertad de expresión era necesaria para evitar la primacía de la ignorancia sobre la razón. “Nunca será excesivo —escribió en el capítulo segundo— recordarle a la especie humana que existió un hombre llamado Sócrates, y que se produjo una colisión memorable entre este hombre y la opinión pública... Al hombre que, de cuantos hasta entonces habían nacido, probablemente merecía más respeto de sus semejantes, un tribunal popular lo condenó injustamente como a un criminal”.

Probablemente los temores de Mill eran exagerados. Así lo creyeron muchos de los primeros lectores de Sobre la libertad. Pero su defensa de la libertad de expresión mantiene cierta vigencia. Ciento cincuenta años después, en las palabras de esta época y de este país, Mill está diciendo que el estado de opinión no es una fase superior de la democracia, sino una amenaza contra la libertad que sólo puede ser contrarrestada con la difusión permanente de todo tipo de ideas, incluso las más falaces y malintencionadas.

Universidades sin plata

El debate sobre el financiamiento de las universidades públicas está al rojo vivo. Los rectores dicen que los recursos actuales son insuficientes. La Contraloría señala que las transferencias de la Nación han disminuido en los últimos años. El Ministerio de Educación afirma lo contrario. El viernes en la tarde un grupo de estudiantes retuvo de manera arbitraria al rector de la Universidad Nacional. El Presidente ordenó la intervención de la Policía. El incidente de orden público acaparó transitoriamente los titulares. Pero el asunto inicial, el problema de fondo, las dificultades financieras, sigue sin resolverse.

El origen del problema es simple. Las universidades públicas han crecido significativamente durante los últimos años. Tienen más y mejores profesores. Más programas. Más estudiantes. Más grupos de investigación. Pero las transferencias de la Nación no han aumentado en términos reales. Por mandato legal, según lo establecido en la Ley 30 de 1992, las transferencias han crecido, año tras año, al mismo ritmo de la inflación. Actualmente el problema financiero ya es estructural. Y por lo tanto no va a resolverse con una adición presupuestal de última hora. La solución, casi sobra decirlo, pasa necesariamente por una reforma integral de la Ley 30 de 1992.

La reforma tiene que aumentar el monto de las transferencias de la Nación. Pero no puede quedarse allí. Tiene que ir más allá. Debe no sólo aumentar el tamaño de la torta, sino también la forma como se distribuye. Los recursos adicionales, al menos, deberían distribuirse de manera distinta, con base en criterios de eficiencia o de equidad regional. Algunas universidades grandes, con la Universidad Nacional a la cabeza, se han opuesto sistemáticamente a cualquier cambio en los criterios de distribución. Parecen preferir la inercia distributiva actual. Contradictoriamente abogan por un cambio en el monto de los recursos pero se oponen a cualquier reforma a la distribución.

Hace ya seis años el Congreso aprobó una reforma menor a la distribución de las transferencias a las universidades públicas. La Ley 812 de 2003 (o Ley del Plan de Desarrollo) estipuló que 12 por ciento del monto total de los recursos debería ser distribuido con base en una serie de indicadores de calidad. Desde el momento mismo de su aprobación, el Ministerio de Educación quiso discutir los indicadores, trató de promover un diálogo necesario sobre la distribución de los recursos. Pero algunos rectores siempre miraron con recelo aritmético una reforma marginal. El entonces rector de la Universidad Nacional decidió finalmente demandar la norma en cuestión. Y en poco tiempo la Corte Constitucional la declaró inexequible pues iba supuestamente en contravía de la autonomía universitaria, como si la inercia distributiva fuera inmodificable por siempre.

La reforma de la Ley 30 de 1992 es urgente. La necesidad de mayores recursos es indiscutible. Pero también es indispensable una reforma a los criterios de distribución. Nadie cuestiona la autonomía universitaria. Pero muchas universidades públicas incurren en una contradicción flagrante cuando ponen de manifiesto la dependencia económica y promulgan simultáneamente la autonomía absoluta. Si la Nación pone la plata, debe también poner, dentro de unos límites razonables, ciertas condiciones. Bienvenidos los mayores recursos. Pero acompañados de unas nuevas reglas de juego.

AIS a la mexicana

En la ardua tarea del desarrollo no hay lecciones aprendidas. Los fracasos se repiten una y otra vez con paradójica exactitud. La comedia del programa colombiano Agro Ingreso Seguro es casi idéntica a la tragedia del programa mexicano Procampo. Este programa fue creado hace quince años con el objetivo de contrarrestar los efectos adversos del recién firmado acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá. El programa pretendía ayudar a los "pequeños agricultores", incrementar la productividad del campo y “producir paz social”.

Quince años después, los resultados del programa Procampo saltan a la vista. Para los pequeños agricultores el programa ha sido simplemente una transferencia asistencial, una dádiva más. Para los grandes productores ha sido por el contrario una verdadera lotería, un regalo desmedido. En la lista de beneficiarios aparecen terratenientes, congresistas, gobernadores, funcionarios, dos hermanos del ex presidente Vicente Fox y varios familiares del Chapo Guzmán, el capo del llamado Cartel de Sinaloa. No faltó sino la reina de belleza. Según el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el 20 por ciento de los beneficiarios recibió más del 80 por ciento de los recursos.

Los columnistas mexicanos han puesto el grito en el cielo. En agosto de este año, Denisse Dresser escribió lo siguiente en la revista Proceso: “He allí los resultados de quince años de Procampo. Narcotraficantes subsidiados. Recursos desviados. Beneficiarios simulados. Productores que cobran sin haber acreditado su trabajo o sin haber sembrado. Transferencias multimillonarias a quienes menos las necesitan… Procampo funciona muy mal para los campesinos, pero funciona muy bien para la clase política. Es un instrumento que permite perseguir objetivos electorales a base de padrones amañados y cheques distribuidos… Procampo no ha cumplido con los objetivos para los cuales fue creado formalmente. No ha aumentado la productividad, ni impulsado la competitividad, ni mejorado las condiciones de los más pobres en el campo. Más bien ha sido una chequera con la cual comprar paz social”. Las coincidencias son evidentes. Casi aterradoras. Lo mismo, sin cambiar una coma, podría escribirse a propósito del programa Agro Ingreso Seguro.

La coincidencia invita a la reflexión sobre las causas comunes de un problema compartido. Usualmente los subsidios terminan reproduciendo la estructura de propiedad de la tierra y la distribución del poder político. Si la tierra está concentrada, los terratenientes serán los grandes beneficiarios de los incentivos a la producción. Si el poder regional está capturado, los subsidios correrán una suerte similar. La lógica es casi siempre la misma. Este tipo de programas terminan agravando el problema que intentan resolver.

Pero en los países en desarrollo, decíamos al comienzo, no hay aprendizaje. Todo lo contrario: las trampas de las malas ideas son ubicuas. Los problemas creados por los subsidios quieren ser resueltos con mayores subsidios que terminan, a su vez, empeorando la situación y aumentando paradójicamente la demanda social por subsidios. “Agro Ingreso Seguro es uno de los mejores logros de este Gobierno”, dijo el presidente Uribe esta semana. Lo mismo han repetido los políticos mexicanos durante años. Las coincidencias, ya lo dijimos, son aterradoras.